Gonzales contra Google

  • Echelon, Carnivore y otros dispositivos orwellianos
  • Ver pornografía o ser pornografía

El último lugar en el que querríamos ver a Bush, aparte de la Oficina Oval o un video porno, es el disco duro de la computadora en el que almacenamos la chamba, escondemos las fantasías, atesoramos proyectos a medias, amontonamos cosas inservibles pero muy bonitas, descubrimos amistades antiguas, guardamos fotos entrañables o recados pecaminosos. Pero Bush -digo, es un decir: su equipo de burócratas y de defensores de la tortura y el secuestro- quiere meterse ahí a como dé lugar, hurgar en las entrañas digitales de los ciudadanos electrónicos y en los monederos digitales de las organizaciones de caridad, en los servidores de las universidades paraguayas y en las memorias de los equipos portátiles asignados a los ejecutivos asiáticos. La Casa Blanca está segura de que en los entresijos de la red mundial encontrará una hebra que le permita jalar la barba completa de Bin Laden que a su vez, en la representación mental del texano, está entretejida con la del Profeta. El primer paso de este operativo se libra ahora en Estados Unidos entre Google, la empresa propietaria del más recurrido buscador de Internet, y el Departamento de Justicia de Washington, institución presidida por Albert Gonzales (sin acento y con ese: así quiso desfigurarse el apellido); siendo asesor legal de Bush (agosto de 2002), este señor asentó en un memorando que Estados Unidos y los acuerdos internacionales permitían la tortura, salvo en sus expresiones más severa, y calificó de “obsoletas” las cláusulas de la Convención de Ginebra que rigen el trato a prisioneros de guerra.

El responsable intelectual de Abu Ghraib, Guantánamo y las cárceles clandestinas que el gobierno gringo mantiene en diversos países del mundo quiere, en suma, derecho de pretexto de proteger a los menores de edad de la pornografía en línea en el marco de la En enero, el Departamento de Justicia pidió a Microsoft, Yahoo!, AOL y Google, muestras al azar de un millón de direcciones accesibles desde su buscador y otras de un millón de términos buscados durante una semana. Los tres primeros consorcios acataron de inmediato el pedido. El cuarto decidió resistirlo ante los tribunales.

El señor Gonzales

Con Google, el gobierno redujo su exigencia a 50 mil direcciones y a 5 mil términos de búsqueda, pero la empresa se rehúsa a entregarlas. Aunque por el momento la pandilla de Gonzales no reclama datos específicos sobre la actividad de los usuarios, pocos dudan que ese es, precisamente, el objetivo final de la demanda gubernamental. Si Gonzales realmente quisiera impedir a los niños que vean porno en Internet, no tendría más que apretar las tuercas a los sitios del ramo para que hicieran más estrictos sus accesos.

Nicole Wong, ejecutiva de Google, en una corte federal de California.

Foto: Declan McCullagh, CNET News

La empresa, por su parte, tiene tres razones de peso para negarse a proporcionar la información solicitada: su defensa de la privacidad de los clientes, pilar de su credibilidad y, por consiguiente, de su excepcional posición en el mercado de los buscadores; la posibilidad de que las muestras exigidas podrían poner al descubierto algunos secretos tecnológicos en los que se basa el motor de búsqueda de Google; en tercer lugar, los costos operativos de la generación de las muestras. Este último punto ha sido solventado por el juez que lleva el caso, James Ware, quien ordenó al Departamento de Estado que, en todo caso, aporte esos gastos.

La buena noticia es que, de acuerdo con el Ponemon Institute, de Michigan, la mayor parte de los internautas estadunidenses (56 por ciento) considera que Google no debe soltar información a la oficina de Gonzales.

Resulta extraña, en todo caso, la petición del Departamento de Justicia, habida cuenta que el gobierno de Washington dispone de cuando menos dos enormes sistemas para espiar -al menos en teoría- a todos los internautas del mundo: Echelon y Carnivore.

El primero es una red mundial de intercepción y escucha de señales de radio, satélite, teléfono, fax y correo electrónico, establecida conjuntamente por los servicios de espionaje de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Aunque su operación es secreta, se calcula que puede interceptar 3 mil millones de comunicaciones diarias y, por el lado estadunidense, su operación corre a cargo de la National Security Agency (Agencia de Seguridad Nacional). Carnivore (o DCS1000, Digital Collection System) es un sistema implantado por la FBI que permite monitorear la actividad de cualquier computadora conectada a una red. Se supone que sus operadores se limitan a copiar los mensajes y las comunicaciones de aquellos sobre quienes se ha emitido una orden judicial de intercepción, pero los activistas y los organismos estadunidenses que defienden el derecho a la privacidad ponen en tela de juicio esta limitación.

Aparte de esos instrumentos, en enero de 2002 el gobierno de Bush estableció la Oficina de Conocimiento de la Información (Information Awareness Office, IAO) y el Programa de Conocimiento de Información sobre Terrorismo (Terrorism Information Awareness Program, TIA), con el propósito de “imaginar, desarrollar, aplicar, integrar y poner a prueba tecnologías de la información para contrarrestar retos asimétricos” y para “conseguir la conciencia total sobre la información”. Bush se gastó 200 millones de dólares de los contribuyentes en el intento de crear un expediente de todos y cada uno de los 300 millones de estadunidenses, pero la propuesta era tan descaradamente fascista y orwelliana que en septiembre de 2003 el Congreso eliminó los fondos de la IAO y prohibió su operación, aunque algunas actividades vinculadas al TIA han sido presupuestadas en años subsiguientes con partidas asignadas al Pentágono.

Los aparatos de inteligencia, seguridad y espionaje son como los icebergs: apenas se les ve la punta. Por eso supongo que Echelon, Carnivore, la IAO y el pleito de Gonzales contra Google, son sólo una pequeña parte de las actividades intrusivas del gobierno estadunidense en la privacidad de las personas, estadunidenses o no.

En materia de protección de la infancia, el conservadurismo La persecución de los cibercrímenes (…) es una de las mayores prioridades del Departamento de Justicia. Internet debe ser un lugar seguro para todos los estadunidenses”, dice el boletín oficial.

Finalmente, antes que le tuerzan la mano a Google y esa compañía me eche de cabeza con el Departamento de Justicia, me adelanto a incriminarme y a informar a las autoridades de Washington que correspondan que no produzco ni consumo pornografía infantil, pero que en varias oportunidades he documentado esta columna con exitosas búsquedas en la red de recetas para fabricar explosivos (peróxido de acetona, fulminato de mercurio, granadas de mano, torpedos de flúor, bombas dirigidas) amablemente puestas en línea por la Audiencia Nacional de España, el gobierno de Gran Bretaña, prestigiosos diarios como el madrileño El Mundo y otras fuentes intachables.

Por un error de una agencia de viajes no pude asistir el domingo pasado a la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali. Ofrezco disculpas a la gente de allá y les mando abrazos y agradecimientos por la invitación a Rosa María Espinoza y a Tomás di Bella.

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