São Paulo: apuntes de la revuelta

  • Concierto prohibido en Hortolândia
  • Un centro de tortura llamado Tatuapé

A finales de febrero pasado, en la localidad de Hortolândia, la policía antidisturbios impidió con violencia la realización de un concierto de rap y hip hop en el Club Metropolitano, en el que iban a participar los grupos Racionais, Mcs, Realidade Cruel, Trilha Sonora do Gueto

A neblina caia E a noite surgia
Fim de semana um sábado
Um ar de maldade eu sentia
Trocando idéia com a banca
Os manos da quebrada
9:30 da noite
a viela lotada
meu coroa passo
e me comprimento
com a sacola na mão
cheia de alimentação
provavelmente dinheiro nem deu
ao eives de comer
preferia fumar o crak

… e Inquérito. La actividad había sido autorizada por la alcaldía, pero un par de horas antes del inicio, una funcionaria gubernamental se presentó en el local para informar que el permiso había sido cancelado. Desconocedores de la situación, unos 4 mil jóvenes acudieron a escuchar a sus músicos, y al hallar cerrado el recinto entonaron en la calle las rolas que querían escuchar. Entonces aparecieron grupos de policías antimotines que atacaron a los muchachos con gases lacrimógenos y balas de goma. La promotora del concierto, Lucia Raimundo, dijo a la prensa que la reacción de las autoridades obedecía a los prejuicios y a la discriminación “porque es música de protesta y porque (los participantes en el frustrado encuentro) son de la periferia y son negros”.

En la página web del ayuntamiento de Hortolândia se anuncian esta semana los festejos por los 15 años de la constitución administrativa del municipio. Como parte de la celebración, la autoridad ha programado un concierto del cantante Felipe Dylon (blanco) y su banda para el domingo 21. O sea que la fobia no es a la música, sino a los pobres.

La ciudad de Hortolandia, en el estado brasileño de São Paulo, tenía en 2003 una población estimada de 173 mil personas y este fin de semana contaba con tres cárceles amotinadas: las penitenciarías I y II y el Centro de Detención Provisional (CDP), con capacidad conjunta para albergar a 2 mil 304 reos, pero con una población real sumada de 3 mil 581. Esos números no sólo hablan de hacinamiento. Indican, también, que más de 2 por ciento de los habitantes de Hortolândia se encuentran en prisión. En todo el estado, corazón económico de Brasil, y poblado por 40 millones de personas, existen 144 centros de reclusión con una población total de 124 mil 498 internos.

La propaganda oficial

De acuerdo con el sitio de la Secretaria da Administração Penitenciária, el sistema carcelario de São Paulo es un modelo de humanismo, modernidad y planificación. El 9 de diciembre de 2002 el gobierno demolió el presidio de Carandiru, situado en la capital del estado y considerado una representación mundana del infierno. Diez años antes, en ese establecimiento estalló una rebelión que fue sofocada en forma simple: a tiros. Ciento once reclusos fueron ejecutados por la Policía Militar, muchos de ellos con tiro de gracia. “Fue un trabajo como tantos otros. Si tuviera que comandar la tropa en una situación idéntica, lo haría nuevamente (…) Sólo murieron los que no acataron la orden de rendición; quien se rindió está vivo.” El coronel Ubiratan Guimarães, que comandó la operación, fue condenado en junio de 2001 a 632 años de cárcel, pero, gracias al ejercicio de fueros legislativos y de argucias legales, nunca perdió su libertad. En febrero de este año el Tribunal de Justicia local anuló el juicio y aceptó el argumento de que el carnicero –actualmente diputado electo del derechista Partido Progresista Brasileño (PPB)- actuó “en estricto cumplimiento del deber legal”. “Sólo murieron los que no acataron la orden de rendición; quien se rindió está vivo”, repito lo que dijo el coronel a modo de justificación, pero nunca explicó por qué la mayoría de los difuntos fueron ultimados -según las investigaciones forenses- de rodillas o en posición yacente. La mayoría de los presos exterminados tenía menos de 25 años y en gran parte estaban sin sentencia al momento del motín; se encontraban allí mayoritariamente por robo o asalto.

La realidad

En el predio donde se alzaba la prisión se preveía instalar un parque deportivo, ciclopistas, centros culturales y una biblioteca, todo ello en medio de una zona verde de 300 mil metros cuadrados.

A pesar de esos loables esfuerzos, el fantasma de Carandiru, símbolo del horror penal, siguió recorriendo São Paulo y Brasil en general, donde las revueltas carcelarias son pan de todos los días. Para no ir más lejos, a finales del año pasado se sublevaron los presos del penal de Urso Branco, en el estado norteño de Rondonia; a principios de abril se amotinó la población de la Correccional de Tatuapé, São Paulo, con un saldo de 57 heridos; en ese mismo establecimiento, señalado por Amnistía Internacional como centro de tortura de menores, un sitio con capacidad para 350 internos y en el que se apretujan mil 200, habían ocurrido revueltas en febrero, mayo y junio de 2000; el pasado jueves 5 de mayo, una semana antes de los motines generalizados de este fin de semana, los internos de Tatuapé volvieron a rebelarse, lo que dejó un saldo de 30 heridos.

Más propaganda

Hay, porsupuesto, narcotráfico y crimen organizado en el asunto. En los ataques delictivos ocurridos fuera de las cárceles contra oficinas policiales, autobuses y sucursales bancarias, la delincuencia paulista mostró su organización, su red de comunicaciones y su poder de fuego. El Primer Comando de la Capital (PCC), organización hegemónica en las prisiones del estado, exhibió una capacidad de maniobra que sólo puede explicarse en un contexto de masiva corrupción policial y penitenciaria. En medio de la insurrección de los presos y los delincuentes, importantes sectores de la población canalizaron su pánico en demandas de “orden” y “aplicación de la ley”, pero “fueron pocas las voces que alertaron sobre los posibles excesos en la represión a los miles de presos amotinados y en el combate a los líderes de esa organización delictiva”, reseñó el corresponsal de Clarín. Por supuesto, cualquier parecido con los sucesos de San Salvador Atenco es mera coincidencia.

Anna Alvazzi del Frete, investigadora de la Oficina de la ONU sobre Drogas y Delincuencia, señaló que “emocionalmente, la reacción inmediata de un gobierno puede ser el envío de tropas al lugar de la crisis, pero eso no siempre es una solución; dependerá de cómo actúen las fuerzas públicas y cuál será su función”.

Realidad

Loic Wacquant, profesor de sociología en la Universidad de California e investigador del Centro de Sociología Europea en París, fue más tajante: recordó que en Brasil (y me atrevo a generalizar: en casi todo el mundo) “el sistema carcelario es un campo de concentración de los muy pobres”. La violencia institucionalizada, dijo el especialista, “crea un vacío que el delito organizado sabe cómo llenar”.

Entre el martes y el miércoles, después de un centenar de muertes y un fin de semana de pesadilla, São Paulo parecía haber recuperado la paz. El gobernador paulista Claudio Lembo negó que hubiera habido una negociación con la delincuencia. Es lo que se llama un milagro.

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